En España, la agricultura tradicional ha venido marcada por las estaciones y la pluviometría originando unas zonas en donde dominaban los cultivos de secano y en otras, los de regadío, este último más o menos intenso en función del agua disponible que brotaba de las fuentes. Asimismo, encontrábamos pozos y norias con limitada capacidad de extracción del acuífero y escasa profundidad, ya que la tecnología existente tenía sus límites. A raíz del desarrollo tecnológico, los pozos se hicieron más profundos dando paso a un enorme potencial económico. De esta forma, amplios territorios de cultivos de cereales de secano se convirtieron en maizales, campos de alfalfa, etc., demandantes de gran cantidad de agua. Aparejado a este nuevo paradigma, se propagó la idea de que el agua que iba al mar se desperdiciaba y paisajes en los que tradicionalmente había huertas, vieron multiplicada de forma exponencial la superficie que se dedicada a dichos cultivos. Con la vista puesta en alcanzar el máximo rendimiento en los terrenos cultivables, grandes superficies de España se han cubierto de plásticos, llenado de pozos – muchos de ellos ilegales-, se han cambiado los olivos tradicionales por otros de rápido rendimiento a costa de abonado, plaguicidas y gasto de agua excesivo. De la misma manera ocurre con los almendros y otros cultivos.
Estos años de vacas gordas vislumbran, en un horizonte próximo, una extensa época de vacas flacas.
Estamos atravesando una prolongada sequía, que no será la única y que será cada vez más frecuente. Según las predicciones expertas sobre cambio climático, el escenario que se prevé en nuestra península para el año 2050 presenta un descenso de las lluvias en un 35%, siendo el sur de España la zona más afectada.
Por otra parte, según informes de las cuencas hidrográficas españolas, el 44% de las aguas subterráneas se encuentran en mal estado. A la sobreexplotación (se extrae más agua de los acuíferos de la recibida por la lluvia) se suma la contaminación que genera la industria agroalimentaria, haciendo en muchos casos que estas aguas subterráneas no sean aptas para el consumo humano.
En la información semanal del estado de los embalses[1] podemos ver con claridad que la cantidad de agua contenida está por debajo de la media de los últimos diez años.
España era rica en humedales, el 60% de ellos han desaparecido en el último medio siglo, pero quedan todavía algunos de extraordinaria importancia. Debe considerarse una prioridad su protección y mejora, ya que, a la vez que ofrecen belleza paisajística, son una herramienta eficaz en la lucha contra el cambio climático y suponen una riqueza para la biodiversidad, constituyendo un paraíso para las aves. Los cinco humedales más importantes de nuestra geografía presentan un estado crítico: Reserva Natural de la Laguna de Fuente de Piedra (Málaga), la Laguna de Gallocanta (Teruel y Zaragoza), el Parque Natural del Delta del Ebro (Tarragona), el Parque Nacional de las Tablas de Daimiel (Ciudad Real, Cuenca y Albacete) y el Parque Nacional de Doñana (Huelva, Sevilla y Cádiz). A esto hay que añadir el agonizante Mar Menor de Murcia.
Este verano, varios pueblos de distintas autonomías, principalmente de Galicia, Cataluña, Andalucía, Castilla y León, Euskadi y Navarra, han tenido restricciones de agua. En algunos casos solo disponían de ella durante unas horas al día, limitando o prohibiendo el riego o el llenado de piscinas.
¿Se puede hacer algo ante este sombrío escenario?
Sí, sin ninguna duda se puede hacer algo y es urgente. Seamos conscientes de que el agua no se puede consumir a demanda. Si agotamos nuestras reservas, el futuro no será pacífico; por eso es vital que las administraciones competentes en este recurso escuchen las voces expertas en cambio climático, entre las que se encuentra la ciencia en general, y sean capaces de tomar decisiones a largo plazo, poniendo en el centro a las personas. No es de recibo que cuando se habla de ahorrar en el consumo de agua se piense en los hogares, cuando según el INE, el consumo medio en ellos fue de 133 litros por habitante y día en 2022, el mismo que en 2018. Esto representa el 12% del consumo total. Indudablemente, no existe ahorro pequeño. El suministro de agua potable para los hogares tiene un coste en la administración. El uso irresponsable del agua disminuye los recursos públicos, amenaza al medioambiente y a la vida. Los euros implicados en este despilfarro podrían utilizarse en otros fines.
La agricultura es el sector que emplea mayor cantidad de agua, aunque es difícil cuantificar su consumo en él. Según distintas fuentes, comprende una horquilla entre el 75% y el 80%, aunque la demanda aumenta. La industria consumiría el resto.
Apremia concienciarnos de la gravedad de este problema en nuestro país y que tomemos decisiones a largo plazo que conduzcan hacia un futuro con mayor esperanza.
Una vez más la encíclica Laudato si’ ilumina este camino:
«Los límites que debe imponer una sociedad sana, madura y soberana se asocian con: previsión y precaución, regulaciones adecuadas, vigilancia de la aplicación de las normas, control de la corrupción, acciones de control operativo sobre los efectos emergentes no deseados de los procesos productivos, e intervención oportuna ante riesgos inciertos o potenciales. Hay una creciente jurisprudencia orientada a disminuir los efectos contaminantes de los emprendimientos empresariales. Pero el marco político e institucional no existe sólo para evitar malas prácticas, sino también para alentar las mejores prácticas, para estimular la creatividad que busca nuevos caminos, para facilitar las iniciativas personales y colectivas (LS, 157).
Grupo Diocesano de Ecología Integral
